Temuco (Chile) (AFP) – "La violencia la traen de
afuera, con los 'milicos'", se queja a la AFP Carolina Soto, una nativa
mapuche sobre los terrenos en el sur de Chile que su familia ocupó hace ocho
años, ante el regreso de los patrullajes de efectivos de las Fuerzas Armadas en
la zona.
Militarización: La gente vive con miedo
La semana pasada los militares volvieron a la región de La Araucanía y a dos localidades de la vecina del Biobío -zona que habitan mayoritariamente mapuches, 600 km al sur de Santiago-, en una decisión que significó un giro del presidente izquierdista Gabriel Boric, quien había optado inicialmente por anteponer el diálogo y retirarlos del lugar.
Pero el incremento en 122% de los ataques incendiarios desde el retiro de los militares el 27 de marzo -según la Multigremial de La Araucanía, que agrupa los principales sectores productivos de la región- hicieron que retornaran otra vez a la zona, aunque los atentados prosiguen.
Este martes cinco trabajadores forestales resultaron heridos de bala en La Araucanía tras ser atacados por un grupo de encapuchados. Uno de ellos recibió un impacto en el cráneo.
"Los 'milicos' no son para el orden, son para la guerra", agrega Soto, quien decidió salir de Temuco porque no podían autosustentarse y vivir de la forma en que su pueblo lo ha hecho por siglos, para ocupar con su familia estos terrenos en las cercanías de esa ciudad.
La recuperación de las tierras que consideran suyas por derechos ancestrales está en el centro de las demandas del pueblo mapuche, la mayor etnia chilena, en un conflicto que mantiene un foco de tensión en esta zona del país.
"El sustento del mapuche es la tierra; no los palos de las (empresas) forestales", agrega firme la mujer, que vive junto a otras 15 personas en el área ocupada.
Junto a la nueva militarización, el gobierno relanzó la política de compra estatal de tierras, paralizada en los cuatro años de la gestión previa del conservador Sebastián Piñera (2018-2022), doblando el monto anual asignado. Además, llamó al diálogo a las comunidades.
Pero como Carolina Soto, gran parte de los mapuches desconfían de la propuesta.
"Mientras no se nos reconozca como pueblo-nación mapuche, no se va a poder dialogar", sostiene Soto.
La Convención Constitucional que finalizó hace una semana la primera versión de la nueva carta Magna de Chile, que debe ser sometida a plebiscito, define al país como un "Estado Plurinacional", saldando una vieja deuda con los indígenas. Establece mayores autonomías y una justicia especial indígena.
"Es un golpe de Estado, porque nos recuerda al año 1973, cuando los militares (liderados por el exdictador Augusto Pinochet) salieron a la calle, y no salieron a repartir dulces, salieron a reprimir al pueblo", afirma de su lado Víctor Ancalaf, exvocero de la radical Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
La CAM es uno de los grupos radicales mapuches más antiguos que operan en la zona. Inicialmente, reivindicaba acciones de sabotaje sin atacar a personas en su plan para hacer retroceder a las forestales de los terrenos que consideran suyos, pero su histórico líder, Héctor Llaitul, llamó recientemente "a preparar fuerzas y organizar la resistencia armada".
Boric defendió la decisión de no denunciar a Llaitul sosteniendo que su "gobierno persigue delitos, y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones", agregó.
Pero también hay un sector importante que aplaude el retorno de los militares, en un despliegue centrado en el resguardo de carreteras.
"Acá se necesita mejor seguridad. Yo echaría (desplegaría) a los 'milicos' directamente. Ya han sido muchos años y no pasa nada", dice Raúl Jara, un camionero de 55 años, con 20 en la ruta.
La inseguridad y los constantes ataques a camiones y maquinaria forestal hacen imposible el paso por ciertas rutas y los conductores prefieren volver a sus hogares antes de que anochezca.
"Con este gobierno la esperanza estaba en que se iba a enfrentar el tema de forma distinta", declara a la AFP, Juan Paillafil, alcalde de Puerto Saavedra, una pequeña localidad con un 80% de población mapuche.
Paillafil advierte que Boric "gobierna con las mismas leyes que han gobernado todos" y mientras eso no cambie ve difícil un cambio. Volver a sacar a militares a las calles indudablemente que "radicaliza aún más las posiciones", agrega.
Para el diputado opositor Mauricio Ojeda, la gente hoy "vive con miedo" porque en la zona operan grupos de carácter terrorista y especializados en el robo de madera.
"El gran problema aquí es lo que se denomina conflicto (mapuche) se transformó en un negocio", sostiene, alegando que a diario circulan por la región de La Araucanía más de 200 camiones con madera robada.
© 2022 AFP
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