La comunidad mapuche está integrada por unas 700.000 personas que suelen vivir en condiciones de profunda pobreza
SANTIAGO DE CHILE (AP) — Cuatro indígenas mapuches que cumplieron 112 días en huelga de hambre despertaron preocupación por su estado de salud en Chile, pero el gobierno enfatizó el martes que no retirará la querella criminal que pesa sobre el grupo por el incendio a una iglesia donde los asistentes fueron obligados a salir de manera violenta.
El lonko o jefe indígena Alfredo Trancal y los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol, presos en la ciudad de Temuco, 700 kilómetros al sur de Santiago, exigen ser juzgados por la legislación común y no por la ley antiterrorista, la cual permite detenerlos hasta por dos años sin juicio, utilizar las declaraciones de testigos secretos y endurecer en varios grados el castigo, por ejemplo, a los delitos incendiarios.
El lonko o jefe indígena Alfredo Trancal y los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol, presos en la ciudad de Temuco, 700 kilómetros al sur de Santiago, exigen ser juzgados por la legislación común y no por la ley antiterrorista, la cual permite detenerlos hasta por dos años sin juicio, utilizar las declaraciones de testigos secretos y endurecer en varios grados el castigo, por ejemplo, a los delitos incendiarios.
Sin embargo, la ministra Paula Narváez, secretaria general de gobierno, aclaró el martes que el Ministerio Público fue el organismo que calificó el delito y por ello sí deberán ser juzgados bajo la ley que rechazan.
Benito Trangol decidió en la víspera dejar de ingerir líquidos, pero un informe médico del martes señala que los cuatro están “estables dentro del riesgo de salud”.
La comunidad mapuche está integrada por unas 700.000 personas que suelen vivir en condiciones de profunda pobreza y no concluyen su educación. De poco más de 2.000 comunidades, unas 200 se rebelan y algunos grupos suelen protagonizar actos violentos como quema de camiones, templos católicos y evangélicos y maquinaria agrícola en reclamo de la devolución de sus tierras ancestrales, por lo que viven en una región virtualmente militarizada por policías antimotines.
Ante el prolongado ayuno de estos cuatro indígenas han surgido muestras de apoyo diarias en diversas partes del país y recientemente otros mapuches han iniciado ayunos solidarios.
En Santiago, unas 2.000 personas intentaron marchar en apoyo a los indígenas en ayuno, pero fueron fuertemente reprimidos por la policía antimotines. Los manifestantes se reagrupaban y desconocidos encendieron fogatas en una de las principales plazas de la ciudad, en el cercano Parque Bustamante y en una céntrica avenida.
“Estamos acá para rechazar todas las detenciones del pueblo nación mapuche y para que no se les aplique la ley antiterrorista que se inició con la dictadura”, dijo a la AP una mujer que se identificó como Rosario, refiriéndose al gobierno de Augusto Pinochet de 1973 a 1990.
Por su parte, otro manifestante de nombre Constantino Recordón declaró que “estamos acá en la Plaza Italia para dar a conocer nuestro descontento por la represión brutal contra el pueblo mapuche y para dar a conocer nuestro descontento contra la ley antiterrorista”.
La Araucanía es una región conflictiva y objeto de constantes atentados incendiarios, por lo que la policía militarizada a menudo realiza desalojos de aldeas pobres e incluso ha lanzado bombas lacrimógenas al interior de jardines de infantes.
La inquietud en la zona se incrementó el fin de semana tras la captura de ocho mapuches, incluso el líder de la combativa Coordinadora Arauco Malleco, culpada de varios atentados. Los detenidos en la llamada Operación Huracán fueron acusados de pertenecer a un organismo ilegal y de planificar la quema de cien camiones durante 2017.
A pesar de múltiples acusaciones por supuesta ineficiencia de la inteligencia policial, los arrestos se llevaron a cabo basándose en mensajes interceptados de la aplicación WhatsApp. En éstos, presuntos responsables utilizaron alias e intercambiaron información sobre armas que llegarían desde Argentina, otro ofreció apoyar con cierta cantidad de dinero y uno más instruyó al grupo sobre el uso de microtransistores de celulares desechables, según el periódico El Mercurio, que el martes reprodujo parte de los diálogos.
Narváez dijo que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, viajará a Argentina para reunirse con la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, para coordinarse “en el marco del desarrollo de la Operación Huracán”. Aleuy indicó que uno de los objetivos del viaje es “recabar información respecto a este eventual tráfico de armas”.
Agregó que el gobierno ha “estado disponible, a partir de la evaluación del inicio del juicio, de mejorar las condiciones penitenciarias de los imputados”, aunque aseguró que no retirarán las querellas contra los indígenas porque el sistema judicial “tiene que seguir su curso”.
No son pocos los casos en que mapuches han permanecido largo tiempo presos e investigados bajo la ley antiterrorista y posteriormente los jueces los han declarado inocentes.
Recientemente la presidenta Michelle Bachelet, que no hace mucho pidió perdón por la discriminación y pobreza en la que viven sumidos los mapuches del sur, firmó un decreto en que extendió de uno a dos años la información de redes sociales que debe ser resguardada para casos de investigación supuestamente delictual.
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