Chile aplicó la ley antiterrorista a miembros del pueblo mapuche por actos de protesta social, consideró el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU y le pidió al gobierno chileno que revise la norma, según un dictamen conocido este viernes en Ginebra.
Esa ley, estimó el Comité, "ha sido aplicada principalmente a miembros del pueblo Mapuche, por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales".
"El Comité recomienda (a Chile) que revise la Ley Antiterrorista 18.314 y se asegure de que esta sea únicamente aplicada a los delitos de terrorismo que merezcan ser tratados como tales" y que "no sea aplicada a miembros de la comunidad Mapuche por actos de protesta o demanda social", insiste el documento.
Compuesto por 17 expertos independientes el Comité vigila el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, sometiendo a exámenes a los países que la han ratificado y emitiendo observaciones de cumplimiento obligatorio, como ahora con Chile.
Mencionando denuncias de "abusos y violencia ejercida por parte de los carabineros" que ocasionaran la muerte de los mapuches Matías Valentín Catrileo Quezada y José Facundo Mendoza Collio, el Comité pide que se "investiguen las quejas" y "que sean enjuiciadas y sancionadas las personas responsables de dichos actos", con reparación de las víctimas y sus familiares.
El Comité le pide también a Chile que tome "las medidas necesarias para acelerar el proceso de restitución de las tierras ancestrales a los pueblos indígenas", precisando que se reconozcan sus derechos "sobre tierras y recursos naturales", de acuerdo a las normas internacionales.
En ese contexto indica que los pueblos indígenas deben dar un consentimiento "antes de la ejecución de proyectos de extracción de recursos naturales" en dichas tierras.
En referencia a la instalación de basurales y plantas de aguas servidas dentro de las comunidades mapuches, el Comité exhorta a Chile a solucionar "los impactos ambientales", realizando "estudios científicos de evaluación", acompañados de una adecuada legislación para que primen los derechos de los pueblos indígenas "por encima de los intereses comerciales y económicos".
Dada la "lentitud" en las "consultas" para la "reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas", que actualmente se debate en Chile, el Comité espera que el gobierno "intensifique sus esfuerzos para acelerar el proceso" y que "lleve a cabo una consulta efectiva con todos los pueblos indígenas".
En virtud de "episodios de discriminación y agresiones violentas contra indígenas y migrantes", perpetrados "entre otros por grupos totalitarios" el Comité le solicita a Chile "acelerar esfuerzos para adoptar el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación y que penaliza actos discriminatorios".
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