El gobernador de la sureña provincia chilena de Arauco, Rodrigo Daroch, presentó hoy tres querellas por los ataques incendiarios de este fin de semana en la zona del llamado "conflicto mapuche", informaron fuentes oficiales.
"Queremos dar una señal de que no vamos a tolerar hechos de violencia y que estos incidentes van a ser perseguidos hasta encontrar a los culpables", señaló a los periodistas la autoridad provincial tras concretar la presentación de las demandas.
Ante el Juzgado de Garantía de Cañete se presentaron los tres recursos para quienes resulten responsables de los hechos ocurridos el pasado fin de semana en el sur de Chile.
Según fuentes policiales, en la madrugada del domingo fue incendiada de forma intencional una casa de veraneo, que estaba vacía, en el sector del lago Lleu Lleu, en el municipio de Cañete, a unos 600 kilómetros de Santiago.
El ataque se sumó al incendio de un camión perpetrado el sábado en las cercanías de la localidad de Ercilla, cerca también del Lleu Lleu, donde se encontraron volantes en los que la "Coordinadora Arauco Malleco" se adjudicaba la autoría.
También en la madrugada del domingo, según la policía, integrantes de una comunidad mapuche ocuparon dos predios en el municipio de Cunco, a unos 700 kilómetros de Santiago, uno perteneciente a una familia de la zona y el otro a la empresa forestal Mininco.
Los invasores dijeron en declaraciones a medios de la zona que se trataba de una manifestación ante la falta de repuesta del Gobierno a sus reclamaciones de esas tierras, que consideran ancestrales.
La investigación de estos hechos estará a cargo del fiscal de Talcahuano Andrés Cruz, que lleva otras causas derivadas del conflicto mapuche.
Este conflicto data de los años 90 en la región, donde algunas comunidades indígenas reclaman como propias tierras pertenecientes a empresas forestales o agrícolas.
El Gobierno ha optado por comprar tierras para entregarlas a las comunidades, pero el proceso no ha marchado como se esperaba y grupos radicales han recurrido a acciones violentas como forma de presión.
Para los indígenas detenidos, las autoridades han aplicado la ley de Seguridad del Estado y la antiterrorista, mientras que la derecha política acusa, hasta ahora sin pruebas, a grupos terroristas extranjeros de estar tras los mapuches más radicalizados.
EFE
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