Medio centenar de organizaciones sociales, mapuches y ambientalistas, reunidas en Temuko en el marco del Foro-Taller: "Implicancias de las Plantaciones Forestales en el Cambio Climático, la Desertificación y la Sequía", exigieron al gobierno a través de una declaración pública que se derogue definitivamente el Decreto Ley 701, de fomento de la industria forestal en Chile.
Además, demandan que se reorienten los recursos fiscales, destinados a apoyar a las madereras, hacia la actividad agrícola campesina y a la recuperación de los daños ambientales y sociales causados por dicha industria.
Cabe recordar que el pasado 5 de enero, la Presidenta Michelle Bachelet anunció un "Plan de Estímulo Fiscal" por más de 4 mil millones de dólares a objeto de mitigar los efectos de la crisis económica en el país. Una de las 11 medidas anunciadas por la primer mandataria apuntó al "incremento transitorio de los beneficios del Decreto Ley 701 de incentivo a la forestación", que -según el gobierno- contribuiría a "mitigar los efectos sobre el empleo en regiones forestales por el menor dinamismo de la economía mundial".
Al respecto, las organizaciones ciudadanas reunidas en Temuko sostienen que "la precariedad de los empleos del sector forestal no justifican seguir con la destrucción que las plantaciones han generado. En Chile hay 133 mil trabajadores forestales, de ellos, sólo entre el 25 y 30% tiene contrato permanente; el 82% se encuentra bajo la línea de la pobreza; la subcontratación ha dificultado la generación de derechos colectivos. La posición política del Gobierno solo demuestra los niveles de sometimiento y corrupción del poder público a estos grupos económicos".
"Los recursos que se entregarán frente a la crisis económica -señalaron- se suman a otros subsidios que el gobierno entrega a las forestales. En Octubre recién pasado, el gobierno, a través de InnovaChile de CORFO, anunció la entrega de 3000 millones de pesos a un Consorcio Tecnológico Bioenercel formado por las 3 grandes empresas forestales - Arauco, CMPC, Masisa- las Universidades de Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Fundación Chile - para investigación de la producción de biocombustibles de segunda generación. Esto además del apoyo y compromiso otorgado por el gobierno para plantar 1.000.000 hectáreas más en 10 años".
Cabe recordar que el pasado 5 de enero, la Presidenta Michelle Bachelet anunció un "Plan de Estímulo Fiscal" por más de 4 mil millones de dólares a objeto de mitigar los efectos de la crisis económica en el país. Una de las 11 medidas anunciadas apuntó al "incremento transitorio de los beneficios del Decreto Ley 701 de incentivo a la forestación".
Decreto de Pinochet
En 1974 se promulgó en Chile el Decreto Ley 701 como un instrumento económico de incentivo a las plantaciones forestales, privatizándose las grandes empresas de celulosa. Se generó entonces el desarrollo de una industria forestal dominada por un pequeño grupo de empresas pertenecientes a un grupo aún menor de grupos económicos locales. Esta política fue potenciada con la implementación de un modelo economico de libre mercado, orientado a la exportación de materias primas y con fuertes incentivos para la inversión extranjera.
Los grupos económicos controladores del sector forestal se aliaron con capitales transnacionales y las exportaciones de celulosa y trozas crecieron a tasas sin precedentes, incluso en América Latina. Es así como luego de 30 años de vigencia de la política de incentivos a las plantaciones forestales, Chile cuenta con más de 2.5 millones de hectáreas plantadas que están compuestas en un 75% por pino y 17% eucaliptos. El grueso de la industria se encuentra a su vez bajo el control de dos grupos económicos locales, con fuertes inversiones externas: Grupo Matte (CMPC) y Grupo Angelini (Arauco).
A juicio de las organizaciones, el "Decreto Ley 701 es el principal instrumento de un modelo forestal que ha contribuido a una apropiación injusta y desproporcionada de la tierra, que se ha expandido sustituyendo Bosque Nativo y ocupando suelos agrícolas de buena calidad para dejarlos inutilizados. Se crea en 1974, en época de dictadura militar, lo que propició la ocupación de territorios ancestrales del Pueblo Mapuche, monopolizándolos en dos grandes grupos económicos".
"La ley de fomento forestal -subrayan- nace con el objetivo de recuperar los suelos dañados, sin embargo lo que en realidad incentiva es el monocultivo industrial intensivo y extensivo, no la reforestación de predios degradados. El tipo de plantaciones que se está promoviendo es nefasto. En definitiva, este Modelo Forestal es responsable de incrementar la pérdida de suelos agrícolas, disminuir y desaparecer las fuentes de agua subterráneas y superficiales, sustituir el bosque nativo, destruir la forma de vida y la cultura de las comunidades".
Por ello, las diversas instancias señalan rechazar que estas decisiones -que afectan a muchos territorios y comunidades- "se tomen de manera bilateral entre el gobierno y las grandes empresas forestales, excluyendo a las comunidades que viven el flagelo de la expansión de las plantaciones. Exigimos que se termine con los subsidios directos e indirectos al sector forestal con los recursos de todos los habitantes de Chile y que no son para favorecer a grupos económicos específicos. Se debe terminar con el saqueo del Estado de bienes y recursos que son públicos y colectivos y que corresponden a las soberanías populares".
Firman la declaración:
Acción por los Cisne de Valdivia; Attac - Santiago; Comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen, Pargua Calbuco; Comité Agua Potable Rural, Isla Quihua, Calbuco, Comité Ambiental "Aguas Azules" de Calbuco; Consejo Comunitario de Melipeuco; Corporación Unión Araucana, Padre Las Casas; Konun Traytrayko (Pto. Saavedra- Temuco); Nguallen Pelu Mapu, Los Sauces; Observatorio Ciudadano, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA; R.A.D.A. Temuko; Red de Acción por la Justicia Ambiental y Social - RAJAS; y el Werken del Consejo de Lonkos de Río Bueno, entre otras instancias.
Pedro Cayuqueo *
Adital -
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