Representantes de sectores indígenas acusaron hoy al Gobierno y a la derecha chilenos de 'criminalizar' al pueblo mapuche al intentar vincularlo con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El alegato de los representantes mapuches está relacionado con un informe difundido días atrás en el que el senador derechista Alberto Espina alertaba a las autoridades de posibles nexos entre los subversivos colombianos y grupos indígenas violentos.
El documento del parlamentario de Renovación Nacional también mencionaba a dirigentes del Partido Comunista, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) e incluso a un funcionario de Gobierno de rango menor que este martes presentó su renuncia. El periodista Hugo Guzmán, que se desempeñaba como jefe del Departamento de Comunicación Intragubernamental de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), renunció ayer.
'La intención evidente de esta acusación es criminalizar al pueblo mapuche y buscar motivos para militarizar el sur de Chile, donde ni los niños hoy pueden caminar tranquilos por la calles', señaló en rueda de prensa el delegado de los indígenas Ricardo Inalef.
En su opinión, la derecha y el gobierno vienen demostrando desde hace tiempo un menosprecio total hacia la capacidad intelectual del pueblo indígena. 'Por lo único que nosotros luchamos es por el derecho a la vida, a la tierra y el agua', enfatizó.
Las autoridades confirmaron el pasado lunes que están investigando los presuntos lazos entre miembros de las FARC y grupos violentos indígenas, pero acusaron a Espina de haber filtrado a la prensa información confidencial.
En tanto, el líder del Partido Humanista, Tomás Hirsch, señaló durante una conferencia de prensa, que se trata de 'una acusación fascista del senador Espina, una verdadera caza de brujas, que ofende al pueblo mapuche, mientras que el Gobierno viola los derechos humanos de los indígenas'.
Hirsch, candidato presidencial en 2006, afirmó que la 'criminalización' pesa sobre todos los chilenos que de una u otra forma se solidarizan con la causa indígena.
El dirigente del Partido Humanista señaló que el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet debería ser más severo en este tipo de investigaciones y solicitar a una explicación a las autoridades colombianas.
Por su parte, la dirigente indígena Kintu Mahuida, dijo a Efe que la acusación de una presunta participación de las FARC en los grupos violentos indígenas chilenos 'es un arista más de la discriminación y estigmatización de que ha sido víctima el pueblo mapuche'.'Que nosotros estemos solicitando instrucciones sobre las artes de la guerra es poco menos que risible', sostuvo la dirigente.
Terra Actualidad - EFE
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