· José Aylwin, director y coordinador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas ha concurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, para denunciar los reiterados atropellos al pueblo mapuche. Aylwin relató como durante el 2007, hubo más de 20 casos de muerte violenta de mapuches por parte de policías y como en lo que va del año, se han registrado ya tres.
El 24 de junio, los pueblos indígenas del hemisferio sur celebran su año nuevo: el “we xipantu” para los mapuches en el sur de Chile y Argentina y el “inti raymi” para los que habitan el territorio andino del norte de Chile, de Bolivia y Perú. Una fecha que por supuesto no figura en nuestro calendario católico así como no figuran en nuestra memoria estos pueblos fundacionales y su cultura. Sin embargo existen y suelen remecer nuestras conciencias con su lucha contra la discriminación de la que son victimas. Por lo pronto, se ha logrado que este día sea declarado por el estado como “Día Nacional de los Pueblos Indígenas”.
Mientras tanto, José Aylwin, director y coordinador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas ha concurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, para denunciar los reiterados atropellos al pueblo mapuche y el trato de “hostigamiento” que dan las instituciones chilenas a sus dirigentes y a los defensores de sus derechos, con violencia policial indebida, detenciones arbitrarias y juicios absolutamente discutibles.
Acompañado por Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa, Aylwin relató como durante el 2007, hubo más de 20 casos de muerte violenta de mapuches por parte de policías y como en lo que va del año, se han registrado ya tres. También presentó sus descargos por el uso indebido de la ley de seguridad interior del estado que fue utilizada en varias oportunidades para resolver los conflictos étnicos, durante la década de los 90.
Se trata de una ley que está hecha para proteger el estado de quien atenta contra él y con la cual, los jueces adquieren atribuciones especiales en la evaluación de las pruebas que se presentan ante los tribunales.
Asimismo, a partir del año 2000 se aplica la ley antiterrorista, una “herencia pinochetista” que desgraciadamente aún tiene vigencia en nuestro país y que castiga drásticamente a quien es procesado por ella, en este caso a los mapuches y sus defensores.
Aylwin explicó como en Chile tenemos una verdadera “proliferación de acciones judiciales” contra dirigentes mapuches, a los que se aplica a menudo esta ley antiterrorista y juicios militares en lugar de civiles. Además se refirió al modelo económico de Chile que consiste, según sus palabras, en “expandir la economía hacia tierras indígenas ricas en recursos, sin que se deje participar a estas comunidades en los ingresos que generan estos proyectos”.
Efectivamente, ya lo había dicho el Relator de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en su informe de misión a Chile, quien había manifestado su interés en revisar la legislación sectorial (tierras, aguas, minas etc.) contradictoria con la ley indígena, debiendo “primar el principio de la protección de los derechos humanos de estos pueblos por encima de intereses comerciales y económicos particulares” (Stavenhagen 2003, recomendación 59).
Tal revisión sería clave para la protección de los derechos de estos pueblos amenazados por la expansión de una economía avalada por el estado hacia sus territorios. “Hay un quebrantamiento de la ley en lo relacionado con el derecho a la propiedad. Es una política de hostigamiento”, subrayó Aylwin.
Es un hecho que en Chile, se registren cada cierto tiempo enfrentamientos entre empresas forestales e indígenas que luchan por recuperar tierras de sus antepasados y que han sido acusados de usurpar un territorio que no les pertenece.
Adolfo Millabur señaló que en Chile “persiste la persecución política a los luchadores sociales” como los dirigentes mapuches y sus defensores. Según el alcalde de Tirúa, la ley antiterrorista sirve para “justificar” detenciones arbitrarias incluso de niños y todo sin un proceso judicial. “Hay violencia policial, se aplican tribunales militares y todos los casos de violencia por parte de policías han quedado impunes”, declaró.
En respuesta a tales acusaciones, Juan Aníbal Barría, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció que “hay aspectos que se deben reforzar en materia indígena”, pero también señaló que Chile ha hecho muchos avances en la defensa de los derechos humanos. Negó la existencia de una política de discriminación hacia estas comunidades, como no habrían detenciones secretas o impunidad para los policías.
Por su parte, el relator especial de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Abramovich, subrayó la importancia de esta denuncia y calificó como “a todas luces incompatible” el hecho que tribunales militares analicen casos civiles y de violación de derechos humanos.
En definitiva, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas pide a la CIDH que visite, a través de una comisión de expertos, las comunidades mapuches en Chile para investigar personalmente las violaciones a los derechos humanos de estos pueblos fundacionales.
Es de esperar que esto no sea interpretado como una provocación y que por lo contrario, sirva para acelerar el establecimiento de nuevas formas de relación entre mapuches, estado y sociedades no indígenas, para convivir de manera justa y sin discriminación.
Fuente: Por Rebeca Rojas Rodríguez; radio.uchile.cl
El 24 de junio, los pueblos indígenas del hemisferio sur celebran su año nuevo: el “we xipantu” para los mapuches en el sur de Chile y Argentina y el “inti raymi” para los que habitan el territorio andino del norte de Chile, de Bolivia y Perú. Una fecha que por supuesto no figura en nuestro calendario católico así como no figuran en nuestra memoria estos pueblos fundacionales y su cultura. Sin embargo existen y suelen remecer nuestras conciencias con su lucha contra la discriminación de la que son victimas. Por lo pronto, se ha logrado que este día sea declarado por el estado como “Día Nacional de los Pueblos Indígenas”.
Mientras tanto, José Aylwin, director y coordinador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas ha concurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, para denunciar los reiterados atropellos al pueblo mapuche y el trato de “hostigamiento” que dan las instituciones chilenas a sus dirigentes y a los defensores de sus derechos, con violencia policial indebida, detenciones arbitrarias y juicios absolutamente discutibles.
Acompañado por Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa, Aylwin relató como durante el 2007, hubo más de 20 casos de muerte violenta de mapuches por parte de policías y como en lo que va del año, se han registrado ya tres. También presentó sus descargos por el uso indebido de la ley de seguridad interior del estado que fue utilizada en varias oportunidades para resolver los conflictos étnicos, durante la década de los 90.
Se trata de una ley que está hecha para proteger el estado de quien atenta contra él y con la cual, los jueces adquieren atribuciones especiales en la evaluación de las pruebas que se presentan ante los tribunales.
Asimismo, a partir del año 2000 se aplica la ley antiterrorista, una “herencia pinochetista” que desgraciadamente aún tiene vigencia en nuestro país y que castiga drásticamente a quien es procesado por ella, en este caso a los mapuches y sus defensores.
Aylwin explicó como en Chile tenemos una verdadera “proliferación de acciones judiciales” contra dirigentes mapuches, a los que se aplica a menudo esta ley antiterrorista y juicios militares en lugar de civiles. Además se refirió al modelo económico de Chile que consiste, según sus palabras, en “expandir la economía hacia tierras indígenas ricas en recursos, sin que se deje participar a estas comunidades en los ingresos que generan estos proyectos”.
Efectivamente, ya lo había dicho el Relator de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en su informe de misión a Chile, quien había manifestado su interés en revisar la legislación sectorial (tierras, aguas, minas etc.) contradictoria con la ley indígena, debiendo “primar el principio de la protección de los derechos humanos de estos pueblos por encima de intereses comerciales y económicos particulares” (Stavenhagen 2003, recomendación 59).
Tal revisión sería clave para la protección de los derechos de estos pueblos amenazados por la expansión de una economía avalada por el estado hacia sus territorios. “Hay un quebrantamiento de la ley en lo relacionado con el derecho a la propiedad. Es una política de hostigamiento”, subrayó Aylwin.
Es un hecho que en Chile, se registren cada cierto tiempo enfrentamientos entre empresas forestales e indígenas que luchan por recuperar tierras de sus antepasados y que han sido acusados de usurpar un territorio que no les pertenece.
Adolfo Millabur señaló que en Chile “persiste la persecución política a los luchadores sociales” como los dirigentes mapuches y sus defensores. Según el alcalde de Tirúa, la ley antiterrorista sirve para “justificar” detenciones arbitrarias incluso de niños y todo sin un proceso judicial. “Hay violencia policial, se aplican tribunales militares y todos los casos de violencia por parte de policías han quedado impunes”, declaró.
En respuesta a tales acusaciones, Juan Aníbal Barría, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció que “hay aspectos que se deben reforzar en materia indígena”, pero también señaló que Chile ha hecho muchos avances en la defensa de los derechos humanos. Negó la existencia de una política de discriminación hacia estas comunidades, como no habrían detenciones secretas o impunidad para los policías.
Por su parte, el relator especial de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Abramovich, subrayó la importancia de esta denuncia y calificó como “a todas luces incompatible” el hecho que tribunales militares analicen casos civiles y de violación de derechos humanos.
En definitiva, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas pide a la CIDH que visite, a través de una comisión de expertos, las comunidades mapuches en Chile para investigar personalmente las violaciones a los derechos humanos de estos pueblos fundacionales.
Es de esperar que esto no sea interpretado como una provocación y que por lo contrario, sirva para acelerar el establecimiento de nuevas formas de relación entre mapuches, estado y sociedades no indígenas, para convivir de manera justa y sin discriminación.
Fuente: Por Rebeca Rojas Rodríguez; radio.uchile.cl
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