· Territorio mapuche está comprendido en zona de explotación de hidrocarburos
El mayor potencial hidrocarburífero de Argentina se encuentra en la Patagonia, al sur del país. Desde los 90 la provincia de Neuquén ha sido la principal productora de gas y petróleo, pero actualmente sus niveles han caído debido a que sólo se explotaron las reservas probadas, sin invertir en nuevas exploraciones.
Chubut se perfila como sucesora por el potencial de la cuenca del Golfo San Jorge, mientras que Río Negro, quinta en el ranking nacional, en los dos últimos años incrementó su producción de crudo en 23%.
Pero al otro lado de estos índices aparece el pueblo mapuche, que se opone a la transformación definitiva de su territorio en campos petroleros. Su resistencia a esta actividad comenzó a mediados de los 90 en Neuquén como reacción a la contaminación en las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil, que están comprendidas en el principal yacimiento de gas del país, Loma de La Lata.
Durante una década soportaron represiones policiales, amenazas y juicios; hoy enfrentan el desembarco de antropólogos y matones que acompañan una nueva avanzada.“Nosotros sólo demandamos en función de nuestros derechos”, afirmó Martín Velázquez Maliqueo, lonko (autoridad) de la comunidad mapuche Logko Puran, ubicada a 25 km de la ciudad neuquina de Cutral Co.
En junio, Velázquez Maliqueo fue absuelto junto a otras tres autoridades tradicionales en un juicio por “turbación de la propiedad” iniciado en el 2001 por la empresa estadunidense Pioneer Natural Resources, hoy Apache Corporation, por bloqueos de caminos y supuestamente impedir el normal funcionamiento del yacimiento.
En la actualidad esa comunidad mantiene paralizados los pozos y una planta compresora de gas de la firma al haber colocado una tranquera en un camino construido por los comuneros que da acceso al yacimiento.
“La renta petrolera manejó la gestión política aquí [en Neuquén], en el país, y cuando uno reclama o se opone a la explotación de hidrocarburos se trata de criminalizar la demanda histórica de los pueblos originarios”, se quejó.
Ampliación de la frontera petrolera
El elevado precio del barril de petróleo ha llevado a las empresas a interesarse en áreas secundarias, desplazando la frontera extractiva.
En el 2007 la empresa argentina Pluspetrol desembarcó en Zapala, al centro de Neuquén, con la concesión para explotar un área que comprende a 14 de las 17 comunidades indígenas existentes en la región. Inmediatamente los mapuche se pronunciaron contra la concesión inconsulta de sus territorios y conformaron el Consejo Zonal Centro de la Confederación Mapuche del Neuquén (CMN) para garantizar una acción conjunta.
“Las empresas petroleras han utilizado y seguirán utilizando todas las modalidades para tratar de ingresar a nuestros territorios, en principio sin causar conflicto”, sostiene Relmu Ñanko, werken (vocera) del Consejo Zonal Centro.
Pero, según Ñanko, si la disuasión falla sobreviene la violencia.“El caso más concreto es lo que está pasando en la comunidad Huenctru Trawel Leufu”, afirmó. “La empresa Petrolera Piedra del Águila ha invertido recursos en la sociedad civil desocupada [que afirma que conseguiría empleo si dejan trabajar a la compañía] y con el sindicato petrolero, que ha metido a sus patoteros [matones] dentro del territorio de la comunidad, para que el conflicto a nivel público quede como enfrentamientos de pobres contra pobres y la empresa y el gobierno se lavan las manos”.
Desde noviembre del año pasado se han sucedido hechos de violencia como el incendio de un vehículo y de una vivienda de comuneros y, si bien se han generado mesas de diálogo con el gobierno provincial, la tensión no cesa. En tanto, Verónica Huilipán, werken de la CMN, resaltó la responsabilidad del Estado por las situaciones generadas por la entrada de las petroleras.“Es un conflicto que arrastra más de una década, que el Estado ha instalado a partir de que ha concesionado recursos dentro de territorios comunitarios sin el consentimiento del pueblo mapuche”, dijo.
La CMN reclama la implementación de la consulta previa e informada, contemplada tanto en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que Argentina es signataria, como en la Constitución provincial, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la administración de los recursos naturales.
Fuente: lapress.org
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