El nombramiento de un comisario presidencial especial para buscar una solución al conflicto mapuche en Chile abre la esperanza de que se avance en el reconocimiento de los derechos de este pueblo aborigen, pero no asegura que terminen las protestas violentas en la Araucanía.
La tarea que acometerá Rodrigo Egaña, por encargo de la presidenta Michelle Bachelet, es compleja y consiste básicamente en generar condiciones para un diálogo que desemboque en un acuerdo que satisfaga las aspiraciones de los indígenas y se cumpla la legislación vigente.
Este tema saltó a la actualidad en las últimas semanas por la muerte de un joven universitario mapuche, Matías Catrileo, a manos de la policía, y a raíz de la huelga de 108 días protagonizada por la activista Patricia Troncoso, que finalizó cuando el gobierno aceptó sus condiciones.
Troncoso, junto a tres líderes mapuche, cumplen 10 años de prisión tras aplicárseles la Ley Antiterrorista en el 2004 por incendiar bosques privados en la Araucanía, en el sur, donde se concentran la mayoría de las comunidades de esta etnia, lo que generó protestas no sólo en Chile, sino en el extranjero.
Desde hace muchos años, el sur del país vive un conflicto entre empresas forestales y comunidades de indígenas que reclaman la restitución de tierras que consideran ancestrales.
No es la primera vez que las autoridades crean mecanismos especiales para el trato con los mapuche, sin llegar a fructificar, lo que ha aumentado su escepticismo.
En sus primeras declaraciones, Egaña dijo que era necesario ' construir el largo camino hacia una conciencia que reconozca la multiplicidad cultural' de Chile, meta que es muy difícil y compleja cuando una parte la sociedad practica la discriminación de los pueblos aborígenes.
A juicio de los expertos, si no hay una disposición oficial, tanto en el gobierno como en el parlamento, para un verdadero reconocimiento de los indígenas, a nivel práctico y con fórmulas efectivas, una solución a largo plazo no sería posible. Hay quienes han instado a las autoridades a seguir el ejemplo de Australia, que se hará efectivo el próximo 13 de febrero, dedicado a reconocer al pueblo aborigen, a ofrecer disculpas por las injusticias cometidas por generaciones precedentes, lo que se valora como un primer paso para avanzar en la construcción de sociedad multicultural.
La ley antiterrorista chilena
La vigencia de la Ley Antiterrorista, que permite juzgar a civiles por tribunales militares, sigue siendo cuestionada por los organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos, al igual que los procedimientos judiciales.Se argumenta que las acciones violentas de los mapuche no son terroristas, sin dejar de ser condenables.
Esta legislación, aplicada en muchas ocasiones a los mapuche, fue dictada por Augusto Pinochet en 1984 con el objeto de hacer frente a la creciente resistencia armada contra su régimen. De acuerdo con las nuevas disposiciones de esta ley, introducidas posteriormente durante los gobiernos democráticos a partir de 1990, el delito de incendio puede considerarse atentado terrorista cuando su intención sea 'producir temor en la población o en una parte de ella', aunque no constituya una amenaza directa contra la vida, la libertad o la integridad física.
Los jueces permiten que la fiscalía oculte la identidad de al menos seis testigos, obstaculizando gravemente la capacidad de los acusados para cuestionar su testimonio y refutar los cargos que se formulan en su contra. Estos denominados 'testigos sin rostro' han testificado en los tribunales detrás de pantallas y con micrófonos que distorsionan la voz, y sólo pueden ser vistos por fiscales y jueces, lo que viola el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha sido ratificado por Chile.
Los acusados de terrorismo suelen permanecer en prisión preventiva durante más de un año antes de que su caso llegue a juicio. Si llegan a ser condenados, no pueden ostentar un cargo público, ocupar un puesto de enseñanza, ejercer posiciones de responsabilidad en sindicatos o empresas ni ejercer el periodismo durante quince años. Además, se les niega la posibilidad de obtener un indulto presidencial.
Pese a que la comunidad internacional no ha acordado una definición precisa de terrorismo, se da por sentado que el término sólo se aplica a los 'crímenes de guerra' graves en tiempo de paz. Según los expertos, la utilización de la acusación de terrorismo para delitos cometidos en el contexto de los conflictos de tierras, que no tiene tal carácter, es inadecuada y refuerza los prejuicios existentes contra los mapuches. Ellos son la principal etnia indígena del país y representan a un 6 por ciento de los 16 millones de chilenos. La mayoría vive en la pobreza, agrupados en comunidades, muchas afiliadas a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización radicalizada que lucha activa y a menudo violentamente por la devolución de tierras de sus antepasados.
Crece la lucha de los indígenas en América Latina por sus derechos
En las últimas dos décadas, el tema de los derechos de los pueblos originarios de América Latina se ha fortalecido a nivel internacional, y se coronó con la Declaración de Naciones Unidas, aprobada en la Asamblea General en septiembre de 2007, tras 22 años de negociaciones. La demora se debió a que era un texto bastante controvertido para los Estados.
La cuestión de fondo es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Se aprobó esa declaración, que es importante por su carácter humanitario, pero no implica obligación para los Estados de buscar una solución definitiva a los conflictos con las etnias originarias.
En la década de los 90 hubo un rebrote de la lucha de los indígenas latinoamericanos. En 1994 emergió el Movimiento Zapatista de Chiapas (México), que combinó las acciones de protesta social con una agenda de derechos indígenas y reivindicaciones económicas, culturales e históricas.Le siguieron los casos de Ecuador, Bolivia, Chile y el movimiento de afro-descendientes en Brasil.
Las reivindicaciones indígenas se remontan a la conquista española, pero en la actualidad cobran especial notoriedad. Ahora existe una comunidad internacional más consciente de la discriminación y vulneración de derechos de la que históricamente han sido objeto dichos pueblos aborígenes, así como nuevos instrumentos internacionales que han promovido una discusión sustancial sobre derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Además, las organizaciones sociales tienen mayores capacidades y oportunidades de comunicar y coordinar acciones en defensa de sus derechos.
En Bolivia, pese a tener como presidente a Evo Morales, de origen aymará, y pese a que el movimiento indígena representa a una mayoría del país, aún no son respetados sus derechos porque son vulnerados por una minoría que tiene el poder económico. En el caso de Chile, los mapuches, que llegan a casi un millón de personas, intentan hacer visible la vulneración de sus derechos y demandan una retribución por lo que consideran les pertenece históricamente.
Para la sociedad chilena, el problema que se presenta es complejo. La derecha política se niega a reconocer los derechos de los pueblos originarios, y los gobiernos de centroizquierda no han tenido fuerza para imponer su voluntad en el parlamento. Además, una mayoría de los chilenos no está preparada para aceptar la diversidad social en su país y de hecho practican la discriminación contra los indígenas.
Al parecer los líderes indígenas aceptan negociar con las autoridades, pero hay grupos menos abiertos al diálogo y dispuestos a la confrontación, lo que se ha visto en las recientes acciones violentas. Ante la actitud del gobierno de buscar una solución, no sería lo más razonable una estrategia de confrontación de los mapuches, que sólo justificaría la postergación del tema de fondo: el reconocimiento de sus derechos, concepto que cada día se abre paso como solución a la necesaria convivencia de todos los pueblos en el siglo XXI.
Fuente: Centro de Comunicación e Investigación Indìgena Chaskinayrampi
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