Declaración Pública de los Trabajadores/Asistentes Sociales frente a la Violación de DDHH del Pueblo Mapuche

Nuestra profesión históricamente se ha pronunciado a favor de la defensa y protección de los DERECHOS HUMANOS, entiéndanse éstos SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES DE LAS PERSONAS.

Principios como la JUSTICIA SOCIAL, LA SOLIDARIDAD, LA DEMOCRACIA Y LA AUTODETERMINACIÓN han sido parte de nuestro quehacer en el ámbito de la intervención social y la educación social dirigida a los sectores excluidos de nuestro país. Los Trabajadores Sociales tenemos que lidiar cotidianamente en el quehacer profesional con la pobreza de las personas provenientes de familias indígenas, existiendo una relación proporcional entre pobreza, exclusión social e identidad indígena.

Al mismo tiempo, muchos Trabajadores Sociales durante la dictadura, demostraron un fuerte compromiso con los Derechos Humanos, desde una diversidad de espacios, tanto institucionales (Vicarías, Ongs, etc) cómo desde prácticas organizativas cotidianas en pos de construir un Chile distinto, un país con un rostro humano, libre y democrático.

En el Chile de hoy, el tema de la violación a los derechos humanos no es sólo un asunto de la deuda histórica que se tiene con la verdad y la justicia sobre las violaciones de éstos en tiempos de dictadura. Hoy, bajo el cuarto gobierno de la Concertación, a tres años de la condena que dictara las Naciones Unidas en Ginebra contra el Estado chileno, (2004). , hay denuncias concretas de violaciones a los derechos humanos del pueblo mapuche.

Por lo mismo, consideramos que es un deber ético, pronunciarnos públicamente frente a los sucesos acaecidos últimamente contra el pueblo mapuche:

Por lo que están pasando los presos políticos mapuches que permanecen en huelga de hambre,
Por la condena injusta de 10 años de prisión a PATRICIA TRONCOSO ROBLES,
Por aquellas comunidades que se encuentran aisladas, entre las propiedades de empresas forestales, cercadas y protegidas por guardias privados que les dificultan el tránsito, los hostigan, y les prohíben el acceso a los bosques y ríos,
Por el uso de la violencia policial-militar desmedida que ha dejado víctimas humanas,
Por los impactos ambientales negativos que producen las actividades de las forestales y mineras, instaladas en territorios ancestrales, pues al no haber regulaciones, continúan provocando un gran daño ambiental a los ecosistemas naturales : tierras; fuentes de agua,(vertientes, pozos, lagos, río); , flora y fauna silvestre.

Condenamos la política gubernamental frente al conflicto chileno-mapuche, que privilegiando la represión y el tratamiento judicial en el ámbito penal, sigue actuando en pos de los intereses de las empresas forestales, dejando de lado, caminos justos y sustentables en el tiempo.

La situación actual deja nuevamente en evidencia uno de los grandes déficit de la transición democrática chilena: el no-reconocimiento y respeto a los derechos indígenas, (Convenio 169, OIT) y una Ley Indígena que no contempla adecuadamente los mecanismos de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Cualquier gobierno que se autodefina como democrático y ciudadano, debe evitar anteponer los intereses privados y corporativos, por sobre el valor de la vida humana, el medio ambiente y el valor histórico que tienen nuestros pueblos Originarios.

Por ello, rechazamos:

La implementación de políticas públicas sociales que prioricen formas de intervención homogeneizantes y colonizadoras de un cierto prototipo de ser ciudadano, en donde se invisibiliza la cosmovisión de los sujetos con los cuales se trabaja.

Políticas sociales que tienden a categorizar a los sujetos de intervención en “criminales”, “agresores”, “antisociales” o simplemente se estigmatizan como “pobres”.

Políticas de inclusión selectiva o focalizada, sin abordar las diversas formas de hiper-exclusión que genera el modelo de desarrollo implementado en Chile.

En razón de nuestra memoria, es que hoy exigimos que el gobierno chileno, a través de las instancias que está proponiendo hoy -u otras que puedan gestarse en función de los acontecimientos- para avanzar en resolver este conflicto, haga prevalecer el respeto a los derechos humanos de los indígenas, abandone su mirada criminalista frente a la protesta social que realiza el Pueblo Mapuche por reivindicar sus tierras y derechos, ya que creemos que la resistencia a la opresión es un derecho y un deber de todo ciudadano.

En estos momentos se hace necesario hacer una reflexión como país, donde la justicia social no solo sea el horizonte a mirar en ello, sino que se traduzca en políticas concretas que avancen en la reparación de la deuda con los pueblos originarios. Queremos que se busque una solución a las demandas que ellos tienen y que se termine con la aplicación de leyes tan abusivas, como la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado heredadas de contextos políticos que debemos superar.

No queremos que se avance hacia un estado de excepción en la zona de conflicto y en la que tengamos que lamentar pérdidas humanas que sin duda pueden contribuir a un agravamiento de los conflictos entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche. Abogamos por un Chile integrado y justo, donde se respete la diversidad y cultura de los distintos grupos y pueblos que lo conforman.

Trabajadores/a Sociales firmantes:

1.-Trabajadora Social. PUCCH. Académica Universidad ARCIS. Doctoranda en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. U. ARCIS. Miembra de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS). Directora Escuela de Trabajo Social UARCIS.

2.-Paula Vidal Molina, Trabajadora Social, PUC, Magíster en Antropología y Desarrollo U. de Chile, Doctoranda en Servicio Social, UFRJ Brasil. Santiago de Chile.

3.- María Angélica Rodríguez Llona, Trabajadora Social, Universidad de Chile, Magíster en Sociología U. Católica de Lovaina (Bélgica), docente Universidad Católica Silva Henríquez. Santiago de Chile.

4.- Rossana Ciorino Navarro. Trabajadora Social. U de Chile. Académica Universidad Católica Silva Henríquez- UTEM. Miembra Capítulo Chileno, Plataforma Interamericana de DDHH Democracia y Desarrollo- ONG TIERRA NUESTRA. Santiago-Chile.