La presidenta Michelle Bachelet firmó el viernes pasado un proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas en Chile y reconocer el carácter multicultural de la nación. De inmediato, diversos dirigentes mapuches alzaron la voz cuestionando el tipo de reconocimiento que se les quiere otorgar en Chile. Aucán Huilcamán señaló que la iniciativa “está fuera de tiempo en relación al progreso del derecho internacional”.
La presidenta Michelle Bachelet firmó el viernes pasado un nuevo proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas en Chile. La mandataria señaló que la iniciativa, que será enviada al Congreso Nacional para su tramitación, busca satisfacer la necesidad de reconocer el carácter 'multicultural de la nación'. “Yo quiero que la Constitución reconozca los pueblos originarios de Chile, eso nos va a dar una base común de diálogo para hacer de nuestra democracia, una democracia más profunda, más inclusiva y más pluralista”, manifestó la Mandataria.
Recalcó la importancia de esta materia, que es parte de su programa presidencial, como un “factor de consolidación de la unidad de todos quienes vivimos en nuestra patria”, llamando a realizar los esfuerzos para lograr “un consenso real y profundo sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas en Chile”. Bachelet llamó a que “este reconocimiento deje de ser un camino incierto y que se convierta en una meta concreta que nos permita celebrar juntos el Bicentenario”, ya que con el reconocimiento legal “queda establecido que en este país no hay pueblos ni culturas de primera o segunda clase”.
El proyecto establece en su artículo único “introducense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:
1) Agregase el siguiente inciso cuarto al Art. 3º: La nación chilena es multicultural. El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas que habitan su territorio. Esta constitución reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales.
2) Agregase un último inciso al artículo 19 Nº 24, en el siguiente sentido: Con todo, la ley deberá proteger la integridad de las tierras y aguas de propiedad de las comunidades indígenas”.
No es primera vez que se impulsa este reconocimiento en Chile. “Perseveramos por quinta vez con un texto más audaz tal como lo comprometió la Presidenta el 30 de abril. Y creo que esta vez será la definitiva”, recalcó la ministra de Mideplan, Clarisa Hardy.
Según la secretaria de estado, la propuesta de reforma constitucional se fundamenta en la demanda de las comunidades surgidas tras el reciente Debate Nacional de los Pueblos Indígenas, en donde participaron más de 200 organizaciones territoriales, con miembros pertenecientes a los pueblos Rapa Nui, Atacameño, Quechua, Colla, Mapuche, Aymará, Kawashkar, Yamana y Diaguita. Además, constituye una aspiración de la administración Bachelet con miras a la celebración del Bicentenario del proceso de Independencia de Chile, en el año 2010.
Sin consulta previa.
Sin embargo, son los propios dirigentes indígenas, participantes del proceso de Debate Nacional de los Pueblos Indígenas el año 2006, quienes han deslegitimado la propuesta y disparado sus críticas contra la Presidenta Bachelet. 'El gobierno chileno, actuando una vez más de espaldas a los pueblos indígenas que habitamos este país, ha enviado un proyecto de ley para supuestamente otorgarnos un reconocimiento constitucional. Esta iniciativa nuevamente desconoce la voluntad de nuestros pueblos', señaló desde Santiago el consejero José Llancapán, de la gubernamental Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y destacado dirigente mapuche urbano.
'La Presidenta de la República ha actuado sin intentar ningún mecanismo de consulta para recoger la voluntad de nuestros pueblos, en cuanto a los términos del texto legal. En ello, como en otros asuntos relativos a nuestros pueblos, la Presidenta ha actuado muy mal asesorada por la Ministra de Planificación y otros personajes que nuestros pueblos juzgarán por el nefasto y siniestro papel que han jugado dentro de la estrategia global de dominación en nuestra contra. Todos sabemos que una redacción contraria a nuestros derechos nos significará, no un beneficio, sino una nueva medida de opresión material y cultural', subrayó Llancapán.
El dirigente destaca que el reconocimiento constitucional demandado por el pueblo mapuche 'dista de los proyectos que permiten mantener un régimen racista dentro de una envoltura distractora y engañosa... la propuesta gubernamental es enviada al parlamento en los momentos mismos en que el gobierno envía nuevos contingentes policiales a reforzar el estado de amedrentamiento contra el pueblo mapuche. Mientras algunos yanakona se prestan para aparecer junto a las autoridades en los actos, hay comunidades que están siendo amenazadas de expropiación de terrenos ancestrales, a fin de realizar megaproyectos', señaló.
Sin poder en el Congreso
Por otro lado, Llancapan advierte de la incapacidad 'matemática' del gobierno para lograr la aprobación de su iniciativa. 'La Concertación no tiene la mayoría necesaria para hacer viable la iniciativa legal, por lo que nuevamente nos está ofreciendo lo que no es suyo. Por eso, esta iniciativa no es un intento serio de solucionar nuestra falta de reconocimiento constitucional, sino una maniobra para ocultar el verdadero carácter racista de las políticas públicas, de acuerdo a la estrategia racista de la Ministra Hardy. No nos dejaremos engañar, postulamos un reconocimiento consensuado con las organizaciones indígenas', finalizó el dirigente urbano.
Richard Caifal, dirigente de la Alianza Territorial Wenteche y actual cadidato a consejero de la CONADI, también alertó sobre la falta de apoyo político que tendría la iniciativa en el Congreso. 'La presidenta está prometiendo algo que no puede cumplir, toda vez que para aprobar una modificación a la Constitución de esta naturaleza, se requieren del voto favorable de los dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio. En consecuencia se puede concluir que aunque exista una tremenda voluntad para llevar adelante iniciativas legales de esta envergadura la Concertación no tiene el poder de decisión en tales materias', indicó.
A juicio de Caifal, 'esta nueva promesa de reconocimiento constitucional solo es un nuevo volador de luces para llegar con algo bajo el brazo a la novena región, por si existe algún grupo o persona que quiera enrostrarle la falta de compromisos con el mundo indígena. Pero en definitiva los problemas continúan tal como antes, el Programa Orígenes continua con las mismas falencias, la CONADI día a día es cuestionada con mayor insistencia, los problemas de violencia policial no han cesado, y el malestar de las comunidades se ha hecho sentir de manera evidente. Entonces ante tal situación solo queda hacer un llamado a los diversos actores sociales a manifestar su descontento', finalizó.Lejos del estándar internacional.
Desde Temuko, Aucán Huilcamán, lider del Consejo de Todas las Tierras, una de las pocas organizaciones indígenas que se restó del Debate Nacional de Pueblos Indígenas, hizó un llamado a rechazar una propuesta de reconocimiento constitucional que calificó como 'restringida y limitada'. Por el contrario, emplazó al estado chileno a implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el pasado 13 de septiembre en Nueva York y que establece un nuevo corpus jurídico de derechos para los pueblos indígenas del planeta.
'La insistencia de un reconocimiento constitucional indígena en Chile es un asunto fuera de lugar, lamentablemente a los gobiernos de la Concertación se le pasó el tiempo, tuvieron 17 años que desaprovecharon para reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Hoy el derecho internacional ha dado un paso tremendamente significativo mediante la adopción el día 13 de Septiembre del 2007 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas', indicó Huilcamán.
'Los textos sobre reconocimiento constitucional que han presentados los gobiernos de la Concertación todos se han orientados a limitar y disminuir los derechos tangibles e intangibles de los Pueblos Indígenas y en segundo lugar han sido inconsultos con los destinatarios, cuestión que transgrede el derecho Internacional... A la luz de los artículos contenidos en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la nueva iniciativa del gobierno está transgrediendo absolutamente todo el espíritu y la norma de derecho internacional que declara y protege los derechos de los Pueblos Indígenas', subrayó el dirigente.
A nombre del Consejo de Todas las tierras, Huilcamán solicitó a la presidenta Bachelet a retirar su proyecto de reconocimiento constitucional y de paso reiteró su llamado a las organizaciones de los Pueblos Indígenas a trabajar por la implementación de la Declaración estableciendo los autogobiernos Indígenas, bajo el principio del derecho a la libre determinación, 'establecido en el instrumento de derechos humanos de última generación que la comunidad internacional ha puesto a disposición de los indígena para determinar su destino colectivo'.
Cabe destacar que el anuncio de la primer mandataria chilena se produjo poco antes de suspender una gira por el País Mapuche. Mañana viernes, Bachelet tenía contemplado arribar a la región en visita oficial, bajo un clima de movilización mapuche que se ha agudizado tras iniciar los presos políticos una huelga de hambre en la cárcel de Angol. A ello se suma el juicio contra la familia Calfunao-Cadin en Temuko y las movilizaciones que han emprendido comunidades de Traiguén y Freire, quienes el pasado martes se tomaron las oficinas centrales de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), denunciando graves irregularidades en la compra de tierras impulsadas por el Fondo de Tierras del organismo.
Fuente: Por Pedro Cayuqueo, Argenpress.
Comentarios