El reciente viaje de Estado que realizó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a Finlandia, Noruega y Suiza, aún arroja algunas réplicas. Entre conversaciones con autoridades europeas y residentes chilenos en estos países, quedaron algunas frases que hacen reflexionar. Una de ellas es la que pronunció el 1 de Junio en la capital suiza; Berna. En esa oportunidad y ante la presidenta Helvética, Micheline Calmy-Rey, la mandataria chilena se refirió a la dificultad de “explicar en Chile que Suiza otorgue el asilo político al frentista Patricio Ortiz".
No era extraño que Michelle Bachelet se refiriera nuevamente “al tema” que había fraccionado las relaciones entre los dos países en el último tiempo, sin embargo, si extrañó la forma como entregó los argumentos para que se reconsiderara el caso de Patricio Ortiz. De paso negó la existencia de presos políticos en Chile con una extraña formula para definir quienes son o no presos en esa calidad y se sostuvo en sus dichos apelando a su calidad de ex presa política.
En estricto rigor, “el asilo político es una categoría o status que otorga la ONU a las personas víctimas de persecución política, religiosa o étnica en su país de origen”. Es difícil suponer que Suiza no haya sido estricta para reunir la información necesaria para decidir el estatus del frentista.
Es decir, el país helvético si consideró que Patricio Ortiz reunía las condiciones de persecución política, con riesgo vital en caso de permanecer en Chile y con grandes posibilidades de sufrir torturas en caso de ser apresado.
Lo que es insostenible para los sistemas europeos, y al parecer es lo que aún no entiende Michelle Bachelet, es que exista en Chile una “democracia” donde habiten dos clases de Justicias. Una civil, y otra militar, y que esta última sorprendentemente aún tenga jurisdicción para ver casos que impliquen a civiles comprometidos en asuntos políticos.
Una justicia militar cargada ideológicamente y que por lo tanto no puede hacer justicia. El mejor ejemplo de esto son la gran cantidad de juicios que se han abierto en contra de Mapuches en el marco de la ley Antiterrorista solo por defender sus derechos ancestrales. La misma ley que se le aplicó a Patricio Ortiz por la muerte de un carabinero en extrañas circunstancias.
Revisando el caso es posible detectar que las pruebas de culparon a Patricio Ortiz tienen dudosa veracidad. No está el examen balística para saber de donde salió el disparo que acabó con la vida del policía. Tampoco es posible explicar porque el cuerpo del carabinero estaba en la otra dirección a la que escapó el frentista.
La explicación es una sola. A la Justicia Militar solo le importaba que Ortiz perteneciera a una organización ilegal. Por esa razón pasó tantos años entre las rejas hasta que se escapó desde la Cárcel de Alta Seguridad colgado de un canasto, en una operación a la que se le conoció como la fuga del siglo.
Todo esto es de conocimiento general. Lo que cuesta entender es porque no lo sabe la presidenta de Chile, así evitaría bochornos como los que tuvo que vivir en la capital de Suiza.
No era extraño que Michelle Bachelet se refiriera nuevamente “al tema” que había fraccionado las relaciones entre los dos países en el último tiempo, sin embargo, si extrañó la forma como entregó los argumentos para que se reconsiderara el caso de Patricio Ortiz. De paso negó la existencia de presos políticos en Chile con una extraña formula para definir quienes son o no presos en esa calidad y se sostuvo en sus dichos apelando a su calidad de ex presa política.
En estricto rigor, “el asilo político es una categoría o status que otorga la ONU a las personas víctimas de persecución política, religiosa o étnica en su país de origen”. Es difícil suponer que Suiza no haya sido estricta para reunir la información necesaria para decidir el estatus del frentista.
Es decir, el país helvético si consideró que Patricio Ortiz reunía las condiciones de persecución política, con riesgo vital en caso de permanecer en Chile y con grandes posibilidades de sufrir torturas en caso de ser apresado.
Lo que es insostenible para los sistemas europeos, y al parecer es lo que aún no entiende Michelle Bachelet, es que exista en Chile una “democracia” donde habiten dos clases de Justicias. Una civil, y otra militar, y que esta última sorprendentemente aún tenga jurisdicción para ver casos que impliquen a civiles comprometidos en asuntos políticos.
Una justicia militar cargada ideológicamente y que por lo tanto no puede hacer justicia. El mejor ejemplo de esto son la gran cantidad de juicios que se han abierto en contra de Mapuches en el marco de la ley Antiterrorista solo por defender sus derechos ancestrales. La misma ley que se le aplicó a Patricio Ortiz por la muerte de un carabinero en extrañas circunstancias.
Revisando el caso es posible detectar que las pruebas de culparon a Patricio Ortiz tienen dudosa veracidad. No está el examen balística para saber de donde salió el disparo que acabó con la vida del policía. Tampoco es posible explicar porque el cuerpo del carabinero estaba en la otra dirección a la que escapó el frentista.
La explicación es una sola. A la Justicia Militar solo le importaba que Ortiz perteneciera a una organización ilegal. Por esa razón pasó tantos años entre las rejas hasta que se escapó desde la Cárcel de Alta Seguridad colgado de un canasto, en una operación a la que se le conoció como la fuga del siglo.
Todo esto es de conocimiento general. Lo que cuesta entender es porque no lo sabe la presidenta de Chile, así evitaría bochornos como los que tuvo que vivir en la capital de Suiza.
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