El fin de la huelga de hambre de Patricia Troncoso, tras 110 días, que por momentos puso en riesgo su vida fue destacado por el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien aclaró que la activista pro mapuche no recibió un indulto de parte del Gobierno, y sólo obtuvo beneficios que se merecía.
"No obtuvo más que lo que la ley le permitía. Ella va a seguir cumpliendo su pena, y no ha recibido un indulto porque no se puede aplicar cuando hay ley antiterrorista. Simplemente tiene acceso a una forma de cumplir la pena que le permitirá trabajar y tener un régimen carcelario que le significará llevar una vida más normal después de haber pasado cinco años ya presa, y tendrá salida dominical", expresó.
El secretario de Estado recalcó que con los beneficios otorgados por el Gobierno para Patricia Troncoso y los comuneros Juan Millalén y Jaime Marileo "hemos dado vuelta la página de hechos que sin duda tenían una repercusión bastante grande en un grupo de personas muy vinculadas con la causa indígena", y admitió que en el caso de "la Chepa" hubo una flexibilización necesaria para que depusiera su protesta.
Viera-Gallo explicó que cuando un reo hace una huelga de hambre se le aplica un castigo de seis meses sin obtener beneficios una vez que la depone, ya que en el código carcelario se trata de una infracción grave, y que en este caso se buscó la forma de entregarle los favores que le correspondían.
"La huelga de hambre se hace para hacer efectivos esos derechos y se produce una contradicción en que la autoridad carcelaria queda con poco margen de maniobra. De ahí que el Gobierno, atendida la forma en que se dio el proceso contra ella y otros comuneros, aplicando la ley antiterrorista, buscó una flexibilización que permitiera que ella tuviera en la práctica a los derechos que, en principio, le correspondían", subrayó.
El ministro sostuvo que la medida adoptada por Patricia Troncoso respondió a que en el juicio en su contra por su participación en el atentado contra el fundo Poluco-Pidenco, el 23 de septiembre de 2002, fue condenada por la ley antiterrorista, mientras que otros implicados sólo recibieron 5 años luego que otro tribunal decidiera no aplicar esta normativa para juzgarlos.
"Se produce un arbitrariedad que es culpa de la justicia humana, que un tribunal aplica una ley y otro no lo hace, y para las personas es algo extraño", expresó.
Fuente: noticias.123.cl
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